En lo que Cuba termina de encontrarle forma a la Tarea Ordenamiento que inició en enero de este año con serios desequilibrios entre salarios y precios, en Sancti Spíritus se han aplicado más de un centenar de multas por violaciones de precios que sobrepasan los 410 mil pesos.
Un trabajo del periódico local Escambray revela que las irregularidades más frecuentes se concentran en el pesaje y la calidad de los productos, alteraciones en los precios y distorsiones asociadas con ofertas agropecuarias, el transporte y los servicios gastronómicos.
El gobierno de la isla ha emprendido una batalla sin piedad contra los que venden por encima del valor pactado a partir del Decreto Número 30, que delimita las fronteras entre los precios abusivos y los especulativos, sancionados con multas que van desde los 8 mil hasta los 10 mil pesos.
Aunque, como apunta Escambray, el primer elemento destacable del reciente decreto suscrito lo constituye un mayor rigor en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades que se manifiestan en materia de precios y tarifas.
«Tal severidad resulta constatable en las cuantías de las multas, las cuales oscilan entre los 2 mil 500 y los 15 mil pesos; estas últimas reservadas para las violaciones de los precios minoristas, o sea, aquellas que están de cara a usted y a mí, en cualquier unidad comercial privada o del Estado», expone el diario.
Las sanciones entraron en vigor el viernes 1ro de marzo y se aplican tanto en entidades estatales como particulares, a la vez que onllevan la imposición de multas, el decomiso y la venta forzosa, según la gravedad del hecho.
Esta regulación considera como precios abusivos aquellos cuyo crecimiento estén por encima de un rango razonable y especulativos a los fijados a productos, esencialmente los de primera necesidad y vinculados a operaciones de recompra o reventa.
Para tener una idea: solamente por no mostrar en tablilla, carta o menú los valores de las diferentes actividades comerciales, deberá pagar entre cinco mil y siete mil pesos.
Con multas de ocho mil y 10 mil pesos se sanciona a los violadores de las tarifas aprobadas, así como las personas que retengan, reserven, aplacen o no pongan a la venta los productos destinados a la comercialización minorista a la población.
