Al menos 10 congresistas y senadores en Estados Unidos solicitan a Joe Biden en una carta no menos de 30 millones de dólares de la Justificación del Presupuesto del Congreso para financiar en 2022 la Oficina de Radiodifusión a Cuba y otros 20 millones para programas de democracia en Cuba.
Entre las voces que rubricaron la carta están el congresista de Florida Mario Díaz-Balart; los senadores Marco Rubio y Rick Scott; el congresista cubanoamericano, representante del partido demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires; la congresista demócrata de Florida Debbie Wasserman Schultz, entre otros.
De acuerdo con el texto, “el proyecto de Ley que estableció Radio Martí fue aprobado por amplio margen en la Cámara y por unanimidad en el Senado en 1983. El Congreso aprobó el brazo televisivo de la radiodifusión a Cuba en 1990 a través de la Ley de Transmisiones por Televisión a Cuba, nuevamente con un sólido apoyo bipartidista”.
En el documentos, los firmantes consideran que “Radio y TV Martí traspasan el bloqueo informativo del régimen cubano para brindar información oportuna y confiable al pueblo cubano”.
Además, creen que brinda un servicio fundamental “al conectar a los cubanos en toda la isla y vincular a los activistas cubanos a favor de la democracia con una red global en expansión de activistas comprometidos en sus propias luchas por la libertad y los derechos humanos en sus respectivos países”.
El documento también menciona el recorte significativo que experimentó la Oficina de Radiodifusión a Cuba (OCB) durante 2020 y el disminuido presupuesto que recién se destinó para estas actividades durante el presente año a consecuencia de la crisis generada por la pandemia.
“Los niveles de promulgación para OCB fueron aproximadamente $33.9 millones para el año fiscal 2007, $33.4 millones para el año fiscal 2008, $34.8 millones para el año fiscal 2009 y $30.5 millones para el año fiscal 2010.
Para los años fiscales 2011 a 2019, OCB recibió fondos entre $27 millones y poco más de $29 millones anuales. Sin embargo, OCB sufrió recortes en el financiamiento de 2020 y en el de 2021, a solo $20.973 millones”, indica la misiva.
Sobre los programas para promover directamente democracia en el país caribeño, como la capacitación a activistas de la sociedad civil, los fondos destinados a proyectos comunitarios, etc., los representantes de ambas alas legislativas consideran que al menos 20 millones de dólares se requieren en momentos de crisis política como el que actualmente vive Cuba.
“Estos programas son esenciales para apoyar a la sociedad civil, fomentar el libre flujo de información, promover los derechos humanos y brindar asistencia a los presos políticos y sus familias. Estos programas, administrados a través del Departamento de Estado, USAID y la NED, son esenciales para sentar las bases de una eventual transición democrática”, dice la misiva.
