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Desde este 31 de mayo, nueva disposición sobre solicitudes de asilo en EE. UU

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), ha anunciado una nueva disposición que faculta a los oficiales de asilo a evaluar cada caso que se presente en la frontera con México.

Las solicitudes de asilo de personas que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida, serán consideradas a partir del próximo 31 de mayo próximo.

La nueva política se Denominada Norma Final Provisional de Asilo, derivará en una mayor agilidad en la evaluación de los indocumentados que se encuentren aptos para recibir refugio en territorio norteamericano.

Al respecto, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que “aquellos que no son elegibles serán removidos de inmediato en lugar de permanecer en EEUU durante años mientras sus casos están pendientes”.

El funcionario dijo que, a partir de entrar en vigencia, con la normativa se considerarán «las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada, que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida».

La regla provisional posibilita que, los casos que hasta el momento eran únicamente decididos por jueces de inmigración, podrán ser evaluados por los oficiales de asilo de USCIS. Las personas con determinación positiva de temor creíble recibirán una entrevista oportuna con un oficial de asilo de USCIS para obtener toda la información relevante y útil sobre su solicitud de asilo.

Concluida la entrevista, la USCIS decidirá si otorga asilo y, si es necesario, determinará la elegibilidad del solicitante para la retención de deportación o protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT). La persona a la que no le sea otorgado el asilo, será remitida a un procedimiento de deportación ante un juez de inmigración.

Solo en el mes de abril, la EOIR tenía pendientes más de 1.7 millones de casos, unos 600 jueces activos y cada expediente podía demorar entre 3 a 4 años en ser resuelto. “Estamos impartiendo justicia rápidamente, al mismo tiempo que garantizamos el debido proceso migratorio», ultimó Mayorkas.


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