Falta de condiciones físicas de las unidades del Sistema de Atención a la Familia (SAF), falta de vocación de servicio público en los administradores y desvío de recursos serán atendidos por el Gobierno de La Habana, según se aalizó en una de sus reuniones habituales en tiempos de coronavirus.
Ahora se han propuesto resolver esas deficiencias con un plan de rescate de esos comedores y sus principios fundacionales, «al representar una de las prioridades del país».
Un estudio de la Universidad de La Habana que encuestó a 16 mil 714 beneficiados de los 15 municipios capitalinos reveló un nivel de satisfacción del 25 por ciento, marcado básicamente por la baja calidad en la elaboración de los alimentos, y los precios fijados tras el Ordenamiento Monetario.
Además, solo el 42 por ciento de los inscritos acude todos los días a ese servicio y el 31 por ciento no lo ha hecho nunca. A eso se suma que se comprobó la existencia de vulnerables que desconocen el servicio o no lo han recibido incluso estando inscritos en los registros de las direcciones municipales de Comercio.
Las autoridades descubrieron mediante inspencciones deficiencias en la calidad de los alimentos, violaciones en los gramajes y en los precios.
Al parecer, el gobierno atenderá caso a caso la situación de los asistenciados, para incluir a los no registrados y activar el servicio para quienes sí lo estaban, pero no lo recibían.
