El gobierno cubano celebraba los precios módicos del pasaje en motos en Santiago de Cuba, pero ante la demanda y el creciente número de equipos, «ha subido desordenadamente».
Así lo describe un artículo del diario Granma, en que, según las autoridades de Tránsito, unas 14 mil motos circulan en esa provincia del oriente cubano, y de ellas no llegan a 50 las que han legalizado en las oficinas de la Administración Tributaria.
A su juicio, este servicio podría ser una significativa forma de trabajo privado, y explican que, de los cinco pesos iniciales, hoy los viajes promedian los 20, 40, 50 y más.
Para el presidente Miguel Diaz-Canel, la situación es una «flagrante ilegalidad la cual debe frenarse, pues junto a tan abusivos precios, también se viola la contribución tributaria».
En ese sentido se han intensificado las gestiones para la legalización, a través de licencias de tránsito e inscripción en la ONAT, para la cual «el gobierno prevé facilidades y servicios que contribuyan a la rebaja del precio de los viajes».
Granma dice que en menos de una semana 348 motoristas se han interesado por el proceso de legalización de la actividad, y de ellos 113 han accedido a la correspondiente revisión de sus motos.
Las facilidades que da el Gobierno
Los que se dedican a trasladar pasajeros en las motos, sean o no sus propietarios, se emitirá la autorización de carácter obligatorio y experimental (renovable cada año), por valor de 300 CUP, y se le aplicará el régimen simplificado de tributación, con cuota consolidada mínima de 250 CUP mensuales.
Estos no tendrán que presentar declaración jurada ni liquidarán en la ONAT el 10 por ciento de los ingresos obtenidos mensualmente. Según Granma, en los casos en que corresponda, realizarán el pago establecido por la contribución a la seguridad social, lo cual se revierte en beneficio llegado el momento del retiro laboral.
Además de estas facilidades, se prevé habilitar talleres de mantenimiento y reparación, chapistería y pintura, venta de piezas, aceites y lubricantes.
Queda la advertencia para quienes continúen desarrollando la actividad fuera de la ley, pues «quedan expuestos a recibir multas elevadas y otras medidas más severas, tanto por autoridades del tránsito como por inspectores estatales», explica Granma.
En un principio, la mayoría de los propietarios de motos rechazaba acogerse a las ofertas gubernamentales por lo difícil de sostener el funcionamiento de las motos.
