La actividad económica ilícita y la propagación de epidemias han sido los delitos de mayor incidencia en los últimos meses en Cuba. Los casos que han sido ya procesados por los tribunales han conllevado a sanciones de privación de libertad en su mayoría, y multas.
Según declaraciones de Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana (TPP), de abril a la fecha se han radicado causas por delitos de actividades económicas ilícitas, especulación y acaparamiento, receptación y apropiación indebida. «El 60% de los sancionados han sido condenados a penas de encierro», mientras el resto ha sido requerido «con multas y sanciones subsidiarias en libertad», dijo en conferencia con la prensa oficial este jueves. El presidente del Tribunal Provincial afirmó también que en algunos casos se ha aplicado el retiro por un tiempo de cuatro y cinco años de La Habana a los sancionados que residían «ilegalmente» en la capital.
Y se han impuesto sanciones accesorias, consistente en el decomiso de los bienes ocupados, entre ellos pollo, aceite, café, picadillo, detergente, cloro, puré de tomate, leche en polvo y latas de sardinas. Estos productos, «son puestos a disposición de las instituciones estatales correspondientes, controlándose su destino final», dijo Sierra Infante.
El Gobierno cubano ha desencadenado un trabajo de lucha contra coleros (LCC), a los cuales responsabiliza de buena parte del desabastecimiento en las unidades comerciales del país. Las principales conductas juzgadas fueron la venta de turnos en las colas, venta de productos de primera necesidad a precios por encima de su valor y la ocupación de grandes cantidades de productos de procedencia desconocida.
El presidente del tribunal se refirió además a los procesos judiciales por incumplimiento de las medidas sanitarias, en La Habana se han juzgado «un grupo importante de causas», fundamentalmente por propagación de epidemias, desacato, desobediencia, resistencia y portación y tenencia ilegal de armas.
