El colapso del sistema eléctrico nacional en Cuba durante el paso huracán Ian, fue una gota más para que la copa permanezca desbordándose. Como ya se está siendo habitual, pobladores de varias localidades de la isla salieron a las calles a manifestar su descontento y a exigir una respuesta ante la crisis que afecta el país y que les mantiene asfixiados.
Por su parte, el gobierno cubano ha decido continuar castigando a quienes se levantan en contra u ofendan a su dirigente principal, la Fiscalía General de República, anunció que se han abierto nuevos procesos contra algunos de los que protagonizaron las protestas mientras persistía el apagón generalizado. La entidad no precisó la cantidad de personas imputadas.
Esta nueva ola de protestas en barrios, especialmente de la capital, iniciaron el 28 de septiembre, un día después de que Ian golpeara violentamente las provincias más occidentales del país, incluida La Habana, dejando toda la isla a oscuras.
El tribunal imputará a los enjuiciados delitos relacionados con «incendio de instalaciones, ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas (…), agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia», dice la información ofrecida recientemente por dicho organismo.
También, precisaron, «se realizan acciones de prevención con los padres que utilizaron a hijos menores de edad» en las manifestaciones.
Durante varios días permanecieron los llamados cacerolazos donde los cuales los pobladores también se valieron de los depósitos de basuras para cerrar las calles. Durante dos noches seguidas se cayó el servicio de internet en el país y por varios días, además, se mantuvo con afectaciones el servicio de agua.
Para hacer frente a las manifestaciones de esos días, en La Habana se desplegó un fuerte operativo de seguridad con policías uniformados, agentes vestidos de civil y brigadas de respuestas rápidas que las integran personas afines al gobierno.
De acuerdo al sitio periodismo de datos Proyecto Inventario en información brindada a través de su cuenta de Twitter, entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre registró «al menos 92 protestas, ocurridas en 11» de las 15 provincias del país.
Como consecuencia de las históricas protestas del 11 de julio, que marcaron el preámbulo, cerca de 500 manifestantes recibieron condenas, algunos de hasta 23 años de cárcel, según dio a conocer en su momento el organismo rector que los condenó.
