La visita de alto nivel del gobierno cubano a Santiago de Cuba exigió, entre otros aspectos, contratación legal y afiliación a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) de para los propietarios de motos que se dedican a la transportación privada en la ciudad.
En la reunión con los altos dirigentes en esa provincia del oriente de la isla, se analizaron los elevados precios que aplican hoy los llamados ‘motoristas’ a los pasajeros.
«¿Cómo es posible que en una provincia donde circulan miles de motos en función de la transportación, ni siquiera un centar de dueños paguen los tributos correspondientes al Estado?», se preguntó el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Esta impunidad no la podemos permitir», advirtió el funcionario.
La semana pasada, el director provincial de transporte en Santiago de Cuba, Joaquin Codorniú Furé, sin dar cifras exactas dijo que en esa provincia «hay más motos ilegales que legales».
La razón de ese desbalance viene de un un grupo de medidas adoptadas por las autoridades locales como mecanismo de control a los motoristas, en las que destaca destaca la entrega de entre 80 y 160 litros de combustibles a precio diferenciado.
También, les han prometido acumulación de tiempo de trabajo y remuneración por concepto de jubilación o enfermedad, el pago de 250 pesos de cuota mínima al mes, y eximirlos del pago anual de impuestos sobre los ingresos.
Aún así, la mayoría rechaza acogerse a las ofertas gubernamentales bajo el argumento de que sostener el funcionamiento de las motos va más allá de la gasolina a precios moderados.
