Cuba ha realizado en lo que va de ordenamiento monetario 52 mil inspecciones al comercio minorista de los sectores estatal y privado «con un 47 por ciento de índice de detección de alteraciones considerables a los precios pactados».
Eso ha traído como consecuencia el retiro de 600 licencias a actividades de trabajo por cuenta propia y unos 750 decomisos de mercancías.
Solo en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Cienfuegos, han sido visitados 27 objetivos económicos como mercados agropecuarios, tanto estatales como de oferta y demanda, establecimientos para la venta de productos normados y liberados; así como trabajadores por cuenta propia.
«En el 78 % de esos sitios se detectaron violaciones, relacionadas, fundamentalmente, con los precios y el peso, productos en almacén no representados en áreas de ventas, acaparamiento, oferta de surtidos con mala calidad, unido al expendio ilegal de mercancías y al ejercicio de actividades del trabajo por cuenta propia sin autorizaciones».
Según el diario Granma, «fueron aplicadas contravenciones y decomisos de mercancías y se insistió en el rigor de las medidas administrativas contra los implicados, incluidos algunos inspectores de las direcciones integrales de supervisión que participaron en el ejercicio y mantuvieron conductas impropias».
Este lunes, el jefe de la comisión de implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, dijo en Ciego de Ávila que «ha existido la tendencia de irse a los precios máximos de los productos y no se han hecho las labores de conciliación con los productores».
«Eso tiene que revisarse y no se puede transferir ineficiencias a la población en forma de precios», dijo Murillo.
Por otro lado, los diputados cubanos han identificado entre las problemáticas principales «los altos costos de productos como la carne de cerdo y algunos renglones agrícolas, fundamentalmente en el sector no estatal».
Además, verificaron que los precios no coinciden con el que aparece en las tablillas, la alteración frecuente de los montos regulados; la falta de abastecimiento de productos agropecuarios y la mala calidad del pan.