Desde las protestas populares del 11 de julio pasado la tensión alrededor de situación política en Cuba, ha ido aumentando y se espera que crezca aún más, en la medida en que se acerca el 15 de noviembre, fecha escogida por la plataforma de activistas “Archipiélago” para realizar una marcha pacífica.
Desde que activistas opositores al régimen cubano en distintas provincias del país solicitaron al gobierno autorización para realizar la marcha desde sus territorios, muchos comentan que en las calles cubanas ha aumentado la presencia de los llamados “segurosos”, como se les dice popularmente a los agentes de la Policía política, los cuales vestidos de civil simulan esperar el ómnibus o conversar en una esquina.
Las solicitudes de la marcha inicialmente prevista para el próximo 20 de noviembre, estuvo basada en la propia legislación vigente. Quienes redactaron el texto apelaron a las garantías que brinda dicho Estatuto para el respeto de los derechos de reunión, manifestación y asociación, solicitando a las autoridades, además, que dispusieran que las fuerzas del orden del país brindaran a los manifestantes “la debida protección”.
La Iniciativa considerada “ilícita”, fue como propiciar un garrotazo que de inmediato provocó las reacciones y de inmediato los voceros oficiales comenzaron a llamar “asalariados del imperio” a los organizadores de la marcha, y algunos de ellos aseguran haber sido amenazados por la Seguridad del Estado, su servicio de telefonía móvil cortado, estar siendo vigilados los alrededores de sus casas y las presiones sobre los familiares más cercanos para que les aconsejen renunciar a ese propósito.
Días después de entregada la misiva, cuando el gobierno cubano anunció que en la fecha propuesta iba a hacerse un ejercicio militar nacional, en evidente respuesta al pedido, los activistas sin dejarse amedrentar, adelantaron dicha convocatoria para el 15 de noviembre, entregando nuevamente los documentos a los gobernadores locales.
Este martes el Gobierno comunicó su rotunda negativa a lo que considera una “provocación para un cambio de régimen” y oficialmente se dio respuesta a las solicitudes presentadas.
De esa manera, el gobierno deja claro que no permitirá ni un desacuerdo público y que quiere prolongar por más tiempo estos 62 años sin marchas legales de inconformidad ciudadana, ni opositores políticos que muestren en una plaza sus críticas al régimen.
Esta decisión, para muchos puede ser uno de los más graves errores que cometan los dirigentes del sistema, luego de la marcha que protagonizaron muchos cubanos en el verano pues no solo podrían estar acelerando su caída, si no conduciendo al país hacia una guerra civil.
