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jueves, marzo 4, 2021

Ante el rumor de multas muchos cubanos corren a dar baja de la libreta de abastecimiento a familiares emigrados

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Multitud de cubanos hacen colas en las Oficinas de Registro de Consumidores (Oficodas), luego de un nuevo comunicado que ha causado gran actividad, y es que se ha dado a conocer que todos los ciudadanos que mantengan en su libreta de abastecimiento a algún familiar emigrado, serán multados.

Por la premura de darle baja a los supuestos consumidores, en todas las provincias se aglomeran las personas frente a las Oficodas desde primeras horas de la madrugada, ante el rumor de las presuntas cuantías de las multas a imponer sobre los núcleos que mantengan dicha infracción. Esta es una política muy ejercida en Cuba, pues asegura más cantidad de alimentos básicos que eran comprados a precios de subsidio.

La Resolución 78 del Ministerio de Comercio Interior recoge, desde 1991, que se deben dar de baja del listado de consumidores en un plazo de 10 a 60 días a las personas recluidas en centros penitenciarios u hogares de ancianos, hospitalizadas de forma permanente o residentes en el extranjero por más de tres meses. Las advertencias sobre realizar este trámite de forma “inmediata y definitiva” se vienen dando desde finales del 2020.

Desde hace tres décadas aproximadamente se comete esta violación por miles de residentes en la isla, los mismos dirigentes han admitido que esta ley se viola con mucha frecuencia desde que fue impuesta, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, en la provincia de Ciego de Ávila ya no residen en el país 15.000 de los 437.000 consumidores registrados.

La prensa oficial no ha confirmado las nuevas medidas contra esta práctica, y aunque una funcionaria del gobierno provincial cienfueguero, afirma haber recibido orientaciones de comparar las listas de consumidores de la OFICODA con Inmigración, para que “automáticamente” sean eliminados los residentes permanentes en el exterior, señaló que en dicha reunión se discutió, si aplicar la ley y sancionar a los incumplidores, pero quedó solo como propuesta.

Un funcionario del Ministerio de Comercio Interior admite que “esto es un abultado negocio”, miles de personas que llevan viviendo en el extranjero varios años continúan “comprando” los productos de la bodega, así como los beneficiarios de estas artimañas, que pueden ser tanto los familiares para consumo personal como los bodegueros por la reventa. Ahora que la población se apresura a eliminar a los emigrados, se reducirá la cantidad de productos que se abastecen obligatoriamente en los establecimientos estatales, expresó.

En su opinión, el “corretaje” de la población cubana se debe tanto al rumor de las cuantiosas sanciones como al incremento de los precios de muchos de estos productos subsidiados.

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