En Cuba, ya suman 3656 los residentes capitalinos que se negaron a pagar la cuota correspondiente a una multa impuesta por violar los protocolos sanitarios contra el virus de la COVID-19 dentro del término establecido por la ley, por lo que, al amparo de la misma, de no saldar la deuda, estas personas podrán estar sujetos a medidas más severas, hasta la detención.
Las autoridades habaneras han reconocido recientemente los hechos. Jorge Luis Villa Miranda, coordinador de Programas de la Economía del Gobierno Provincial de La Habana, aseguró los presuntos infractores cuyos plazos de pago acaban de vencer recibirán próximamente la notificación de denuncia por impago, las que ya están siendo tramitadas por las unidades de la Policía locales y municipales.
El dirigente destacó que, del total, 1222 personas fueron penalizados en el mes de diciembre, en su mayoría correspondientes a los municipios Cerro, Diez de Octubre, Marianao, Plaza de la Revolución y Habana Vieja. Villa Miranda recordó que se celebraron más de 150 juicios vinculados a esta causa en el mes de marzo, cuyos condenados ya están cumpliendo sanciones de internamiento, reclusión domiciliaria o libertad bajo restricción de movimientos.
Orestes Llanes Mestres, coordinador de Control y Fiscalización del Gobierno de La Habana, por su parte, alertó que los sancionados deben efectuar el pago completo del monto en un plazo de 30 días naturales luego de la implantación de la sanción, y a quienes no lo hagan, se les duplicará la deuda y se dará un nuevo plazo de un mes para el pago. De no cumplir con ninguna de estas obligaciones, el deudor podría ser procesado y penalizado con privación de libertad.
Llanes Mestres señaló que la mayoría de las multas impuestas en el mes de marzo se localizaron en labores productivas en el sector agrícola, servicios comunales o la construcción. El decreto/Ley 14/20, según el funcionario, se mantuvo vigente durante cinco meses, en el período abarcado desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, y debido a él se impusieron 57.000 multas en varias provincias de la isla.
El 1ro de febrero sustituyendo al mencionado decreto, entró en vigor el Decreto/Ley 31, que incluyó 3 nuevos incisos en los que se contempla un recrudecimiento de las sanciones contra aquellos individuos que incumplan las regulaciones establecidas para prevenir mayor propagación del coronavirus.
Ambos decretos han sido motivo de queja por parte de la población en general, debido no solo a su severidad, si no también, por lo extremistas que llegan a ser quienes las aplican las medidas.
Por ejemplo, una madre trabajadora denunció en su muro de Facebook, haber sido víctima de una multa de 1.500 CUP por no escribir la fecha en una botella de agua con hipoclorito en su centro de trabajo.
Un caso similar denunció un padre cubano en Camagüey, al ser sancionado por infringir el toque de queda por COVID-19, alegando que se retrasó tratando de llevarle comida a sus hijos. Williams Valera Rosales se mostró indignado por haber sido multado pues después de llegar del trabajo se dirigió al domicilio de sus cuatro hijos para llevarles leche y pan para el desayuno.
Desde el pasado 9 de abril, las autoridades de la capital anunciaron un reforzamiento de la imposición de multas y otras sanciones penales y administrativas, así como la vigilancia e n las noches en la vía pública, para hacer cumplir las medidas sanitarias que permitirán controlar la ola de contagios, según aseguró el coronel Frank Gimen Jiménez, jefe policial de La Habana.
