La administración de Donald Trump ha dado un paso drástico en su política exterior al firmar una nueva orden ejecutiva que redefine la presión económica sobre Cuba. Bajo el argumento de una «emergencia nacional», la Casa Blanca ahora tiene la potestad de imponer gravámenes adicionales a las importaciones de aquellos países que mantengan el suministro de crudo a la isla caribeña.
El mecanismo de presión: Gravámenes caso por caso
El decreto, titulado “Enfrentando las amenazas del Gobierno de Cuba hacia Estados Unidos”, no establece una tarifa fija inmediata. En su lugar, crea un marco legal para que los Departamentos de Estado, Tesoro y Comercio evalúen individualmente a los socios comerciales de Cuba.
- El objetivo: Países que vendan o faciliten derivados del petróleo a La Habana de forma directa o indirecta.
- La condición: Las sanciones podrían levantarse únicamente si Washington considera que el país implicado o el gobierno cubano realizan cambios políticos significativos.
México en el punto de mira
Esta medida coloca a México en una posición diplomática incómoda. Tras consolidarse como el principal proveedor de combustible para la isla durante 2025 y el inicio de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrenta ahora a un posible encarecimiento de sus exportaciones hacia Estados Unidos si decide mantener su política de «solidaridad» energética.
«La estrategia busca asfixiar la logística de suministro que ha mantenido a flote la precaria red eléctrica cubana en los últimos meses», señalan analistas del sector.
Un escenario crítico para La Habana
Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas desde el fin de los subsidios soviéticos. Con la disminución del apoyo venezolano y una infraestructura obsoleta, la isla depende críticamente de proveedores externos.
Desde La Habana, la reacción no se ha hecho esperar: los medios oficiales denuncian un «bloqueo energético» que viola el derecho internacional y busca el colapso social mediante la escasez y los apagones programados.
